Los documentos electrónicos como medios probatorios en los procesos judiciales

23 07 2010

En el Sistema Procesal Ecuatoriano, las pruebas que las partes aportan dentro de un proceso judicial, para poder justificar sus aseveraciones, con la finalidad de que el juez acoja su teoría del caso a través de la respectiva resolución, deben ser obtenidas y actuadas de conformidad con la Ley y la Constitución; caso contrario, no tendrán validez, tal como lo dispone el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución.

Así, las leyes que rigen los procesos de las diferentes materias jurídicas, regulan los momentos procesales y las formas en que deben ser introducidas las pruebas, para que éstas sean válidas; además, dichas leyes nos informan sobre cuales son los medios probatorios lícitos que servirán de base para que el juzgador emita su criterio final, respecto al caso que ha llegado a su conocimiento. Estos últimos son a los que me voy a referir en el presente análisis.  

Dentro de los medios probatorios que la normativa ecuatoriana permite introducir en una contienda judicial, se encuentran  los documentos electrónicos; entendidos estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Código Orgánico de la Función Judicial, como: “…los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Igualmente los reconocimientos de firmas en documentos o la identificación de nombre de usuario, contraseñas, claves, utilizados para acceder a redes informáticas. Todo lo cual, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia”.  Entonces, como se puede observar, todos estos medios de prueba que nos brinda el desarrollo de la tecnología pueden perfectamente ser utilizados en un litigio de cualquier índole. Con este propósito, la posibilidad de utilizar las indicadas pruebas, ha sido prevista en las leyes procesales de los distintos ámbitos jurídicos; así por ejemplo tenemos el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil que, en su parte pertinente, dice: “Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica”; de la misma forma, el artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, dispone: “La jueza o juez de garantías penales autorizará al Fiscal para el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de películas, registros informáticos, fotografías, discos u otros documentos semejantes. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que jurarán guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento. No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez de garantías penales tendrá la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico protegido. La Fiscal o el Fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas por personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos o con intervención pericial”.

De igual forma la Ley S/N, publicada en el R.O. 555-S. del 24 de marzo de 2009, en su artículo 31, otorga a los fiscales la facultad de utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, que resulten útiles e indispensables para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos;  la procedencia y eficacia de los actos de investigación o de prueba, tendrán que ser debidamente autorizados de acuerdo a la ley.

En nuestra Legislación,  la Ley de Comercio Electrónico, regula, según su artículo 1 “…los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas”; todos estos, como es lógico, pueden ser utilizados, así mismo, como medios probatorios en toda la variedad de procesos que se tramitan en los tribunales de justicia, conforme lo determina el artículo 52 Ibídem, para cuya valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, confirmándose por lo tanto, que todos los medios de prueba referidos en el presente análisis, tendrán validez si son obtenidos y actuados sin violación a los derechos fundamentales que tiene toda persona sujeto de derecho; es decir, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que los regula. Su valoración, por el respectivo Juez, debe ser realizada de conformidad con las reglas de la sana crítica, que es método vigente de valoración en nuestro sistema; y en forma conjunta, con otros medios probatorios, si en el proceso existiesen.

Walter Clemente Guerrero Jiménez

C. No. 1101420279





Comentario del Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, sobre los derechos de la naturaleza o Pacha Mama

15 07 2010

La Constitución de la República del Ecuador,  como uno de los deberes primordiales del Estado, destaca la protección del patrimonio natural y cultural del país, reconoce y garantiza dentro de los derechos de libertad de las personas, el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; como principios ambientales, garantiza un modelo sustentable para el desarrollo equilibrado y respetuoso de toda una diversidad cultural, que conlleva la conservación de la biodiversidad y propicia la regeneración natural de los ecosistemas, obligando al Estado en todos sus niveles y a todas las personas naturales y jurídicas, el cumplimiento de las políticas de gestión ambiental.

LOS DERECHOS

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son considerados como titulares de los derechos que se hallan garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales.  Como principios  de aplicación, en el inciso segundo del Art. 10 de la Constitución,  considera a la naturaleza como sujeto de derechos  reconocidos en dicha Carta.

Los artículos 71, 72,73 y 74 del  Título II, Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, concerniente a los derechos de la naturaleza,  para precautelar su existencia, mantenimiento y regeneración, tanto en sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos de evolución, la autoridad pública queda obligada al cumplimiento de los mismos, ante el requerimiento o exigencia que  haga una persona, comunidad o nacionalidad.

Las personas naturales y jurídicas, así como los colectivos, están obligados constitucionalmente a proteger la naturaleza.  Se prioriza la atención preferente a la conservación de todos los servicios ambientales, constituyendo un  deber del Estado, el incentivar y promover el respeto de todos los elementos que forman el ecosistema, hecho que es relevante y de vital importancia, considerando que la vida humana, se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza.

Leyes y acuerdos ministeriales han contribuido a generar un impacto ambiental permitiendo que se produzca en forma indiscriminada, la explotación y apropiación de recursos no renovables, causando la degradación del suelo y la deforestación.  La obtención de los recursos naturales para el uso industrial ha producido contaminación,  deforestación y desastres; se ha propiciado la  extinción de plantas y animales para actividades económicas y de ocio. Ante tales situaciones, nuestra Constitución establece como derecho de la naturaleza  la restauración, la misma que es independiente y obligatoria por parte del Estado y de las personas naturales y jurídicas, la indemnización a los individuos y colectivos, que dependan de los sistemas naturales afectados.

Dadas las consecuencias ambientales adversas originadas, en primer lugar, en la    explotación de  recursos naturales no renovables, cuya regeneración es nula, ya que para su formación han transcurrido millones de años. En segundo lugar,  por la pérdida de servicios ambientales, que causan impacto grave o permanente, la Constitución dispone que el Estado es el encargado  de considerar los mecanismos  que sean eficaces  para  alcanzar su restauración, así como el de adoptar medidas que tiendan a  eliminarlas o mitigarlas. Es importante para ello, que nuestra legislación contemple las medidas adecuadas, a objeto de poder, con  eficacia y responsabilidad, cumplir con dicho mandato constitucional.

La Constitución en su Art. 73, responsabiliza directamente al Estado la aplicación  de medidas preventivas, como son: la precaución y la restricción, conducentes  a frenar todo tipo de  actividades que provoquen la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas y alteración de los ciclos naturales. Es el Estado en consecuencia, el que  debe, en forma rigurosa, basándose en una política pública  ambiental, prevenir daños al ambiente y a los recursos naturales, para lo cual, debe atender todo tipo de requerimientos previsibles a la consecución de metas  que aseguren la conservación y el uso racional de los recursos naturales.

El buen vivir de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, de acuerdo a lo establecido en el Art. 74 de la Constitución, está garantizado por  el derecho del beneficio que otorga el ambiente y la riqueza de los recursos naturales; consecuentemente, el Estado, obligatoriamente debe proteger ese derecho con una política de protección que conlleve  su cumplimiento, para lo cual tendrá que orientar todo el sistema de explotación y uso de los recursos, bajo condiciones que permitan una restauración inmediata.  Para ello, todos los servicios ambientales, conforme lo manda el artículo antes citado, no pueden ser susceptibles  de apropiación.

Walter Clemente Guerrero Jiménez

C. No. 1101420279 

Referencias:

  • Constitución de la República del Ecuador
  • Artículos: 3 (N.7), 10, 66 (N.27), 71, 72, 73, 74, 395 a 415,







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