Comentario del Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, sobre los derechos de la naturaleza o Pacha Mama

15 07 2010

La Constitución de la República del Ecuador,  como uno de los deberes primordiales del Estado, destaca la protección del patrimonio natural y cultural del país, reconoce y garantiza dentro de los derechos de libertad de las personas, el derecho de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; como principios ambientales, garantiza un modelo sustentable para el desarrollo equilibrado y respetuoso de toda una diversidad cultural, que conlleva la conservación de la biodiversidad y propicia la regeneración natural de los ecosistemas, obligando al Estado en todos sus niveles y a todas las personas naturales y jurídicas, el cumplimiento de las políticas de gestión ambiental.

LOS DERECHOS

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, son considerados como titulares de los derechos que se hallan garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos internacionales.  Como principios  de aplicación, en el inciso segundo del Art. 10 de la Constitución,  considera a la naturaleza como sujeto de derechos  reconocidos en dicha Carta.

Los artículos 71, 72,73 y 74 del  Título II, Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, concerniente a los derechos de la naturaleza,  para precautelar su existencia, mantenimiento y regeneración, tanto en sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos de evolución, la autoridad pública queda obligada al cumplimiento de los mismos, ante el requerimiento o exigencia que  haga una persona, comunidad o nacionalidad.

Las personas naturales y jurídicas, así como los colectivos, están obligados constitucionalmente a proteger la naturaleza.  Se prioriza la atención preferente a la conservación de todos los servicios ambientales, constituyendo un  deber del Estado, el incentivar y promover el respeto de todos los elementos que forman el ecosistema, hecho que es relevante y de vital importancia, considerando que la vida humana, se desarrolla en estrecha relación con la naturaleza.

Leyes y acuerdos ministeriales han contribuido a generar un impacto ambiental permitiendo que se produzca en forma indiscriminada, la explotación y apropiación de recursos no renovables, causando la degradación del suelo y la deforestación.  La obtención de los recursos naturales para el uso industrial ha producido contaminación,  deforestación y desastres; se ha propiciado la  extinción de plantas y animales para actividades económicas y de ocio. Ante tales situaciones, nuestra Constitución establece como derecho de la naturaleza  la restauración, la misma que es independiente y obligatoria por parte del Estado y de las personas naturales y jurídicas, la indemnización a los individuos y colectivos, que dependan de los sistemas naturales afectados.

Dadas las consecuencias ambientales adversas originadas, en primer lugar, en la    explotación de  recursos naturales no renovables, cuya regeneración es nula, ya que para su formación han transcurrido millones de años. En segundo lugar,  por la pérdida de servicios ambientales, que causan impacto grave o permanente, la Constitución dispone que el Estado es el encargado  de considerar los mecanismos  que sean eficaces  para  alcanzar su restauración, así como el de adoptar medidas que tiendan a  eliminarlas o mitigarlas. Es importante para ello, que nuestra legislación contemple las medidas adecuadas, a objeto de poder, con  eficacia y responsabilidad, cumplir con dicho mandato constitucional.

La Constitución en su Art. 73, responsabiliza directamente al Estado la aplicación  de medidas preventivas, como son: la precaución y la restricción, conducentes  a frenar todo tipo de  actividades que provoquen la extinción de especies y la destrucción de ecosistemas y alteración de los ciclos naturales. Es el Estado en consecuencia, el que  debe, en forma rigurosa, basándose en una política pública  ambiental, prevenir daños al ambiente y a los recursos naturales, para lo cual, debe atender todo tipo de requerimientos previsibles a la consecución de metas  que aseguren la conservación y el uso racional de los recursos naturales.

El buen vivir de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, de acuerdo a lo establecido en el Art. 74 de la Constitución, está garantizado por  el derecho del beneficio que otorga el ambiente y la riqueza de los recursos naturales; consecuentemente, el Estado, obligatoriamente debe proteger ese derecho con una política de protección que conlleve  su cumplimiento, para lo cual tendrá que orientar todo el sistema de explotación y uso de los recursos, bajo condiciones que permitan una restauración inmediata.  Para ello, todos los servicios ambientales, conforme lo manda el artículo antes citado, no pueden ser susceptibles  de apropiación.

Walter Clemente Guerrero Jiménez

C. No. 1101420279 

Referencias:

  • Constitución de la República del Ecuador
  • Artículos: 3 (N.7), 10, 66 (N.27), 71, 72, 73, 74, 395 a 415,
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15 07 2010
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