Los documentos electrónicos como medios probatorios en los procesos judiciales

23 07 2010

En el Sistema Procesal Ecuatoriano, las pruebas que las partes aportan dentro de un proceso judicial, para poder justificar sus aseveraciones, con la finalidad de que el juez acoja su teoría del caso a través de la respectiva resolución, deben ser obtenidas y actuadas de conformidad con la Ley y la Constitución; caso contrario, no tendrán validez, tal como lo dispone el numeral 4 del artículo 76 de la Constitución.

Así, las leyes que rigen los procesos de las diferentes materias jurídicas, regulan los momentos procesales y las formas en que deben ser introducidas las pruebas, para que éstas sean válidas; además, dichas leyes nos informan sobre cuales son los medios probatorios lícitos que servirán de base para que el juzgador emita su criterio final, respecto al caso que ha llegado a su conocimiento. Estos últimos son a los que me voy a referir en el presente análisis.  

Dentro de los medios probatorios que la normativa ecuatoriana permite introducir en una contienda judicial, se encuentran  los documentos electrónicos; entendidos estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 del Código Orgánico de la Función Judicial, como: “…los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos, satelitales o producidos por nuevas tecnologías, destinadas a la tramitación judicial, ya sea que contengan actos o resoluciones judiciales. Igualmente los reconocimientos de firmas en documentos o la identificación de nombre de usuario, contraseñas, claves, utilizados para acceder a redes informáticas. Todo lo cual, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes de la materia”.  Entonces, como se puede observar, todos estos medios de prueba que nos brinda el desarrollo de la tecnología pueden perfectamente ser utilizados en un litigio de cualquier índole. Con este propósito, la posibilidad de utilizar las indicadas pruebas, ha sido prevista en las leyes procesales de los distintos ámbitos jurídicos; así por ejemplo tenemos el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil que, en su parte pertinente, dice: “Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica”; de la misma forma, el artículo 156 del Código de Procedimiento Penal, dispone: “La jueza o juez de garantías penales autorizará al Fiscal para el reconocimiento de las grabaciones mencionadas en el artículo anterior, así como de películas, registros informáticos, fotografías, discos u otros documentos semejantes. Para este efecto, con la intervención de dos peritos que jurarán guardar reserva, la Fiscal o el Fiscal, en audiencia privada, procederá a la exhibición de la película o a escuchar el disco o la grabación y a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento. No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes. En estos casos el juez de garantías penales tendrá la facultad de admitir o no la prueba obtenida a través de estos medios, valorando su autenticidad, la forma en que se obtuvo, los derechos en conflicto, y el bien jurídico protegido. La Fiscal o el Fiscal podrá ordenar la identificación de voces grabadas por personas que afirmen poder reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos o con intervención pericial”.

De igual forma la Ley S/N, publicada en el R.O. 555-S. del 24 de marzo de 2009, en su artículo 31, otorga a los fiscales la facultad de utilizar todos aquellos medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, que resulten útiles e indispensables para sustentar sus actuaciones y pronunciamientos;  la procedencia y eficacia de los actos de investigación o de prueba, tendrán que ser debidamente autorizados de acuerdo a la ley.

En nuestra Legislación,  la Ley de Comercio Electrónico, regula, según su artículo 1 “…los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas”; todos estos, como es lógico, pueden ser utilizados, así mismo, como medios probatorios en toda la variedad de procesos que se tramitan en los tribunales de justicia, conforme lo determina el artículo 52 Ibídem, para cuya valoración y efectos legales se observará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, confirmándose por lo tanto, que todos los medios de prueba referidos en el presente análisis, tendrán validez si son obtenidos y actuados sin violación a los derechos fundamentales que tiene toda persona sujeto de derecho; es decir, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que los regula. Su valoración, por el respectivo Juez, debe ser realizada de conformidad con las reglas de la sana crítica, que es método vigente de valoración en nuestro sistema; y en forma conjunta, con otros medios probatorios, si en el proceso existiesen.

Walter Clemente Guerrero Jiménez

C. No. 1101420279


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